La situación actual en que se encuentra el proyecto de la ampliación
del Canal de Panamá merece hacer algunas consideraciones al respecto, pues es
un asunto que desdice mucho de la seriedad de las empresas que construyen el
ensanche de esta vía y de su capacidad para culminarla dado los problemas de
liquidez que presentan en la actualidad.
Primero hay que
entender que la Autoridad del Canal de Panamá es una empresa del Estado
Panameño, pero está regida por sus propias normas y protegida por títulos
constitucionales que la permean de la intención de los políticos de hurgar en
sus finanzas. Así que la presencia tanto del presidente de la República de
Panamá como de la Ministra de Fomento de España solo pueden ser consideradas
como intenciones de mediar en un asunto donde pueden opinar pero no decidir
nada sobre el mismo.
Por ello, la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha venido insistiendo en que el
conglomerado de empresas que conforman el Grupo Unido por el Canal, se mantenga
dentro de los lineamientos acordados en el contrato pactado hace ya varios años
atrás, pues en el reposan los mecanismos necesario para interponer demandas
acorde al desarrollo que la obra va teniendo, indicando con ello, que los
sobre costos que se logren sustentar con datos fehacientes serán pagados en su
totalidad por la ACP.
Dicho esto, el
problema presentado es por la facturación o pedido de unos $1,600 millones de
dólares más de lo acordado en el actual contrato de construcción aduciendo
sobre costos. Esto representaría más del 50 por ciento del total pactado
establecido en $3 mil 118 millones. Hasta el momento la ACP ha desembolsado de
esta suma unos $2 mil 831 millones en pagos y adelantos, quedando un porcentaje
ínfimo para cancelar lo pactado. Entre esta exorbitante cifra se incluye $2,047
millones en pago por trabajos concluidos (75% de la obra está construida), más
$784 millones que se les adelantó y que
el consorcio debe reembolsar a la ACP. Además de ello, se les ha pagado la suma
de $156 millones en concepto de reclamos aceptados a su favor.
El problema se
agudiza luego de que este conglomerado de empresas decide mandar un ultimátum
de 21 días a la ACP y paralizar la obra si no se accede al pago de la cifra
anteriormente descrita. La ACP señaló que este ultimátum se veía como un
chantaje y llamó a los empresarios a mantenerse dentro de las reglas del juego
pactada. La presencia de la Ministra de Fomento de España y del presidente de
Panamá solo logró sentar por breves horas a las partes en conflicto en donde
surge una propuesta de parte de la ACP de dar un adelanto de $100 millones de
dólares así como extender el plazo a varios meses del adelanto que estas
empresas deberían cancelar dentro de poco. Esta propuesta sería efectiva si los
empresarios de GUPC aceptaban incorporar igual cantidad de recursos, otros cien
millones y dejar sin efecto la medida de paralizar la obra.
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Sin embargo mediante
un comunicado distribuido a los medios de comunicación GUPC hacía suyo la
intención de solicitar que la ACP les adelantará el pago de unos 400 millones
de dólares. Por otra parte se le agrega a este problema otra petición, esta vez
de parte de la empresa italiana Impregio, miembro de GUPC, que ha solicitado
también la suma de $500 millones de adelanto, ambas para continuar la obra.
Todo estas
solicitudes hasta el momento han sido hechas fuera de lo establecido en el
contrato, lo que prevé que GUPC está buscando no honrar lo tratado y renegociar
otro pacto con el fin de obtener más recurso bajo la premisa de que han
incurrido en sobre costos. La obra ya tiene varios meses de atraso, además aún
están por traer las otras compuertas que ya están construidas y permanecen en
un puerto europeo en la espera de ser embarcada hacia Panamá. Estos y otros
problemas como el recurso de bajar la planilla se están sucediendo en la
actualidad. Hasta el día de hoy la empresa no ha podido sustentar seriamente
los sobre costos de la obra. La ACP ha sido categórica en sus intervenciones
frente al problema presentado aduciendo que GUPC debe ceñirse a los mecanismos
establecidos en el contrato para estos casos, saliendo así al paso que solo
negociarán dentro de lo establecido en el pacto y con el consorcio GUPC y no de
manera individual como parece ser el camino que están adoptando.
El escenario
que se pinta no parece ser el más halagüeño para las partes en conflicto, pues
no se ve interés de solucionar el problema de parte de GUPC sino más bien
conseguir más dinero a costa de los recursos del Canal. Una de las empresas
presente en la ampliación del Canal de Panamá, Sacyr está presentando serios problemas de liquidez para pagar a sus acreedores.
Mientras la ACP puede optar por varias vías, una de ellas es rescindir el
contrato y culminar la obra con sus propios trabajadores, u otra empresa. Esto
daría pie a cobrar la fianza de cumplimiento que esta por el orden de los $600
millones. Dada las circunstancias, esto último parece ser el camino que deberá
tomar la ACP y que estaría avalada por el estado panameño garantizando de esta
forma que la obra sea concluida de acuerdo a lo establecido para el año 2015.
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